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América Latina necesita reformas legales integrales para frenar la vigilancia masiva

Los pueblos latinoamericanos necesitan una reforma legal integral para protegerse de la vigilancia gubernamental ilegal, conforme a nuevos informes publicados por la Electronic Frontier Foundation (EFF).

Este informe aplica los principios de Necesidad y Proporcionalidad a las prácticas y leyes de vigilancia de doce diferentes países de América Latina. Los principios; escritos cooperativamente por organizaciones que abogan por la privacidad en todo el mundo, y presentados hace tres años en la 24ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, actúan como una guía para que la práctica de la vigilancia gubernamental sea justa y equilibrada y proteja la privacidad de las personas alrededor del mundo.

Los informes, presentados hoy en colaboración con organizaciones de derechos digitales de la región, concluyen que mientras cada constitución latinoamericana reconoce el derecho a la privacidad, la mayoría de los países no implementan estos derechos de una manera que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.

“La tecnología actual permite a los gobiernos realizar una vigilancia digital sofisticada y penetrante en la vida de cualquier individuo común. Pero el solo hecho que puedan, no significa que deban hacerlo,” dijo la Directora Internacional de Derechos de la EFF Katitza Rodríguez. “Las nuevas tecnologías de vigilancia son de uso extendido, sin autorización específica ni suficiente protección a los derechos humanos.

Muy frecuentemente, estas tecnologías son simuladores de torres celulares – que interceptan las señales de celulares imitando torres de redes móviles – o malware, que es software que se utiliza para dañar a los usuarios de computadoras interrumpiendo el funcionamiento de computadora, recopilando información sensible, o accediendo a los sistemas privados de las computadoras.

Al mismo tiempo, las normas administrativas que autorizan la vigilancia o que ordenan la retención de datos son adoptadas regularmente sin ninguna discusión ni aporte del público. Algunas de estas decisiones permanecen secretas, incluso algunos decretos y reglamentos son confidenciales. Todas estas actividades violan los “Principios Necesario y Proporcional” para la conducción de la vigilancia estatal dentro de los límites de los estándares de derechos humanos.”

Los informes, en español e inglés, actualmente cubren ocho países latinoamericanos así como los Estados Unidos, e incluyen un estudio comparativo global de doce países en la región, analizando si la vigilancia gubernamental es utilizada únicamente cuando lo prescribe la ley, y es necesaria para lograr un objetivo legítimo y proporcional al objetivo perseguido.

En general, el secreto rodeando las táctica y extensión de la vigilancia está muy presente en América Latina, y en muchos países las empresas de telecomunicaciones tienen que aún desarrollar una cultura de reportes de transparencia. Sin esta transparencia, los ciudadanos no son capaces de responsabilizar a los gobiernos por el uso excesivo de las tecnologías de vigilancia.

“La gran cantidad de contenido digital de comunicaciones que creamos, y la creciente facilidad con la que puede recolectarse, significa que los gobiernos son capaces de crear perfiles de nuestras vidas, incluyendo nuestras condiciones médicas, puntos de vista políticos y afiliaciones religiosas,” dijo Rodríguez. “Sin embargo, la ley en América Latina y en todo el mundo es a menudo vaga y tiende al abuso, y hay mucho secreto sobre lo que están haciendo los gobiernos. Estos informes son parte de nuestro trabajo a largo plazo para reformar la vigilancia global de las comunicaciones hasta que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos.”