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¿Qué pasó en Curuguaty? Celebran absolución de campesinos injustamente condenados

Ante la resolución emitida ayer por la Corte Suprema de Paraguay, Oxfam celebra la liberación de los once campesinos condenados de forma injusta y reconoce el esfuerzo de la ciudadanía activa organizada, que sostiene desde hace 6 años el pedido de esclarecimiento de la masacre ocurrida en Curuguaty en junio de 2012, durante un
desalojo violento contra las familias campesinas sin tierra.

Ayer, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de
Paraguay revocó por unanimidad la sentencia de los once campesinos condenados en 2016, tres mujeres incluidas, por el caso conocido como “masacre de Curuguaty”. La resolución ordena su inmediata libertad, argumentando deficiencias irreparables durante la etapa investigativa y el proceso penal, y declara que no fue probada la participación de
los campesinos en los delitos juzgados (invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso). El documento cuestiona también el trabajo de la Fiscalía, en coincidencia con las numerosas denuncias de organizaciones locales e internacionales durante los últimos seis años, señalando las graves irregularidades cometidas, la falta de investigación a la muerte de once campesinos y la sospecha de torturas y ejecuciones
extrajudiciales durante el operativo policial de 2012.

“El caso Curuguaty demuestra en su conjunto la profunda injusticia y la violencia detrás de la concentración de tierras en manos de pocos dueños”, señaló Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe.
En 2014, Oxfam junto a una amplia articulación de organizaciones sociales impulsó una campaña en apoyo a la petición de tierra para las familias campesinas afectadas por el caso Curuguaty. A pesar de la presión internacional, el gobierno no dio respuesta a las comunidades.

En Paraguay, el 90% de la tierra pertenece a unos 12 mil grandes propietarios, mientras que el restante 10% se reparte entre 280 mil propiedades pequeñas y medianas, según el estudio Yvy Jára. Los dueños de la tierra en Paraguay, publicado por Oxfam en 2016.

En ese contexto de profunda desigualdad en la distribución de la tierra, más de 12 familias campesinas de Curuguaty, entre ellas varias víctimas y familiares de víctimas del desalojo violento de 2012, llevan doce años demandando el uso de las tierras de propiedad estatal para vivienda y cultivo de alimentos, en el marco de la implementación de la reforma agraria contemplada en la Constitución Nacional.

“Consideramos la revocación de la condena a campesinos un gran avance en la búsqueda de justicia”, declaró Simon Ticehurst. “Esperamos que el Estado impulse sin más demora una investigación integral, imparcial e independiente del caso Curuguaty, en los términos recomendados por el Consejo de DDHH de la ONU, y que garantice una reparación integral a todas las personas afectadas, incluyendo el acceso a la tierra para las familias campesinas”, añadió Ticehurst.