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Criminalizan y limitan la participación de mujeres que defienden derechos en las Américas

Las mujeres que defienden derechos ambientales, los territorios y la naturaleza en la Américas están expuestas a la criminalización que se expresa en la judicialización de las activistas, en su estigmatización y en diversas formas de hostigamiento relacionadas con su condición de género. En el presente informe de Fondo de Mujeres del Sur se exponen casos emblemáticos de estas tres formas o patrones de criminalización.

La jurisdicción penal entra en acción para neutralizar las resistencias que no fueron contenidas administrativamente, en por lo menos, tres etapas: 1) la creación de tipos penales direccionados a contener la protesta social; 2) el inicio de procedimientos penales en contra de quienes resisten; y 3) la aplicación efectiva de penas como ejercicio de disciplinamiento social.

Bajo esta modalidad exponemos tres casos emblemáticos: Machi (autoridad espiritual) Millaray Huichalaf del pueblo Mapuche en Chile, judicializada por la defensa del Río Pilmaiken y sitios ceremoniales, amenazados por hidroeléctricas; integrantes del Frente de Mujeres de la Pachamama del Ecuador, a quienes se abrió proceso penal por sus manifestaciones contra la minería a gran escala; y Bettina Cruz, del pueblo Zapoteca de México, quién fue criminalizada por la defensa de los territorios indígenas frente a un proyecto eólico.

Informe presentado por: El Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe -FAU AL-, en alianza con el Fondo de Mujeres del Sur -FMS- de Argentina, el Fondo Alquimia de Chile, la Unión Latinoamericana de Mujeres - Red ULAM-, la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo -AWID-, Asociadas por lo Justo-JASS, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, las organizaciones Acción Ecológica de Ecuador, Madres de Ituzaingó de Argentina, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales -CONAMURI- de Paraguay y las Mujeres defensoras del Río Pilmaiken de El Chile.
Informe presentado por: El Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe -FAU AL-, en alianza con el
Fondo de Mujeres del Sur -FMS- de Argentina, el Fondo Alquimia de Chile, la Unión Latinoamericana de Mujeres
– Red ULAM-, la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo -AWID-, Asociadas por lo Justo-JASS,
la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, las organizaciones Acción Ecológica
de Ecuador, Madres de Ituzaingó de Argentina, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres
Trabajadoras Rurales -CONAMURI- de Paraguay y las Mujeres defensoras del Río Pilmaiken de El Chile.

La estigmatización está ligada directamente a la intención tanto de restar legitimidad a la defensa de los derechos humanos, los territorios, el medio ambiente y la naturaleza como a señalar y dañar la imagen pública específica de un o una defensora. Para ilustrar este patrón, hemos documentado los casos de Esperanza Martínez en Ecuador, quien ha sido acusada públicamente por el presidente Rafael Correa; y de las integrantes de la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos AMUPA, quienes fueron señaladas y agredidas, en el marco del proyecto minero Río Blanco en Perú.

En todos los casos presentados las mujeres pasaron por algún ataque ligado a su condición de género: amenazas de violación, ataques al pudor sexual, acosos de diversa índole e infamias contra el honor. Al ser reconocidas como “enemigas del desarrollo”, “mentirosas”, “brujas” o “terroristas” se exacerba la violencia por motivos de género.

El activismo de las mujeres es una legítima forma de resistencia por bienes comunes de la humanidad y en defensa de ámbitos de vida ancestrales, colectivos y diversos. La discriminación que sufren las mujeres por razón del género, para participar de los asuntos de la vida pública e incidir de forma efectiva en las decisiones, se agrava en los contextos de agresión ambiental y despojo territorial.

Los Estados deben reconocer y fortalecer los liderazgos y el activismo de las mujeres en defensa de los territorios y la naturaleza y debe garantizar el derecho a la protesta. Las medidas para promover esta defensa pueden consistir en:

Emisión de instrumentos jurídicos (como decretos, directrices, directivas, acuerdos ministeriales, etc.) que reconozcan la legitimidad del quehacer de las defensoras y que establezcan sanciones disciplinarias a aquellos funcionarios que lo estigmaticen de cualquier manera.

El poder judicial no debe ser instrumento para la represión de defensoras y debe actuar para terminar la impunidad de las agresiones: 1) Recopilar todas las denuncias sobre ataques; 2) Establecer líneas de investigación que incluyan el contexto de agresión para identificar patrones, agentes, autores materiales e intelectuales y beneficiarios de las agresiones; y 3) Emitir informes periódicos sobre el avance de las investigaciones y distribuirlo públicamente.

Promover escenarios de rendición de cuentas, concertación y consulta con presencia de las mujeres.