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¿Es justo el Tratado de Itaipú entre Paraguay y Brasil?

(Por Cécile Lamarque, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas) El Tratado de Itaipú, firmado en 1973 por la dictadura paraguaya del general Stroessner con Brasil (por entonces bajo la dictadura de Garrastazú Medici) implicó la creación de la empresa binacional de Itaipú y reglamenta el uso de los recursos hídricos de propiedad conjunta.

Puesto que Brasil aportó la casi la totalidad de la financiación inicial necesaria para la construcción de la empresa energética – 80 al 90% -, consideró que este “gran favor” le permitía imponer a Paraguay un Tratado hecho a medida para privilegiar sus propios intereses, ridiculizando al mismo tiempo el derecho a la autodeterminación y la soberanía de Paraguay sobre sus recursos naturales.

La deuda está en el centro del mecanismo destinado a despojar a Paraguay de su soberanía.

Brasil se constituyó desde el comienzo como garante de los empréstitos externos contraídos para la construcción de la hidroeléctrica, comprometiendo su responsabilidad frente a los acreedores internacionales en caso de no pago. Se trató de un movimiento estratégico, Brasil solo recurrió a empréstitos internacionales en una pequeña proporción, prefiriendo endeudar a Itaipú con la empresa brasileña Eletrobras (en realidad Eletrobras es una sociedad anónima de economía mixta brasileña, con mayoría de votos del Estado brasileño, ndt [3]). En convivencia con esta empresa, Brasil pudo desde el principio fijar las condiciones de los préstamos y de la utilización de los recursos obtenidos mediante esos préstamos en condiciones de abuso de derecho y de ilegitimidad totalmente manifiestos.

Estas deudas deben entenderse como una estrategia geopolítica de Brasil con el fin de frenar el desarrollo productivo de Paraguay y mantener la relación de dominación que existe desde el final de la Guerra de la Triple Alianza. De la misma forma en que las potencias imperialistas del Norte utilizan el arma de la deuda externa como un mecanismo de apropiación acelerada del capital de los países del Sur, el sub-imperialismo brasileño procedió deliberadamente al endeudamiento ilegítimo de la empresa binacional Itaipú para permitir la exacción de los recursos energéticos pertenecientes a Paraguay. Es en este contexto que es necesario analizar dicho Tratado.

Mediante una serie de prácticas ilegales, la construcción de Itaipú, estimada en 2 mil millones de dólares en el estudio de factibilidad que precedió a la firma del tratado, ¡finalmente costó 20 mil millones de dólares! La deuda de Itaipú, que llegaba 17 mil millones de dólares cuando se había completado la construcción en 1991, llega hoy a 19 mil millones de dólares, siendo que Itaipú ya pagó 32 mil millones de dólares como servicio de la deuda (o sea 16 veces el coste teórico inicial de la construcción), ¡principalmente a Eletrobras!

Eletrobras tiene alrededor un 90% de los créditos tomados por Itaipú. La deuda de la binacional se reparte en partes iguales entre las dos altas partes contratantes, ¡Paraguay debe 9,5 mil millones de dólares a Brasil a través de Eletrobras! A título de comparación, según el Banco Central de Paraguay, la deuda pública externa de Paraguay (que no incluye las deudas de las empresas binacionales) ascendía, al 1 de marzo de 2007, a 2,2 mil millones de dólares. Una suma ya importante cuando se la compara con el producto interior bruto del país (18% del PIB).

La usura practicada por Brasil y la subfacturación en beneficio de las empresas brasileras

Al contraer préstamos con sus propios bancos, Brasil, es a la vez juez y parte, desde el principio fijó tipos de interés muy elevados, del orden de la inflación de los EE.UU. más un 7,5% dando lugar a jugosos beneficios para sus bancos.

Itaipú adjudicó el 85% de los contratos de construcción de la represa a empresas brasileñas (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, etc.) o establecidas en Brasil, y de asesores, de paso sobrefacturando los costes, mientras que la élite capitalista paraguaya y los dirigentes stronistas compartían la parte del regalo restante. Corruptos y corruptores ¡engordan sus bolsillos alegremente!

Los capitales “invertidos” por el Brasil, a la vez acreedor y deudor, no dejaron el país, lo enriquecieron mediante la usura y favorecieron el mercado interno y el desarrollo de Brasil, mientras que el pueblo paraguayo sufragaba los costes de estas operaciones ilícitas ¡pagando la mitad!

Invertir relaciones históricamente desiguales

Llegó la hora en la que Paraguay adopte una actitud firme frente a Brasil poniendo término a tal desequilibrio. Es un gran desafío para Paraguay. Fernando Lugo prevé destinar los recursos financieros que tiene legítimamente derecho de obtener de sus recursos hidroeléctricos a programas de desarrollo social y reactivación de la actividad económica que permitiría superar la extrema miseria del país.

Si Brasil se niega a revisar algunas cláusulas del Tratado en términos favorables a Paraguay, eso no excluye la posibilidad de llevar el asunto ante tribunales internacionales. Sin embargo, el procedimiento puede resultar largo y costoso. Ahora bien, el clima político y social es tenso. El Gobierno debe responder rápidamente a las expectativas de los paraguayos que lo eligieron y tomar medidas urgentes, como la reforma agraria. Ante un proceso de negociación que puede prolongarse, Paraguay debería tomar una decisión unilateral soberana en la que alegue la violación del Tratado y las normas de derecho internacional público por parte de Brasil como causa para poner fin o suspender su aplicación entera o parcialmente. El acto unilateral es un acto enteramente autorizado y reconocido en derecho internacional, tanto en la Comisión de Derecho Internacional de la ONU como en la doctrina y la jurisprudencia [12].

Un ejemplo reciente de acto unilateral soberano fue la decisión tomada por el Gobierno boliviano de Evo Morales de recuperar el control sobre sus recursos en hidrocarburos, entregados a compañías extranjeras a lo largo de los años ochenta y noventa. Esta decisión fue formalizada a través de un decreto presidencial del 1 de mayo de 2006. El decreto de nacionalización de los hidrocarburos se basa en tres normas de derecho internacional explícitamente mencionadas: la obligación del Estado boliviano de respetar los derechos humanos, el derecho sobre los recursos naturales, el derecho a la autodeterminación. Es un ejemplo importante ya que a semejanza del diferendo relativo a Itaipú, esta decisión de Bolivia fue en contra de los intereses de Brasil y su empresa Petrobras. La derecha brasileña presionó al presidente Lula para que invalide la decisión boliviana pero finalmente no tuvo otra posibilidad que la de reconocer la validez y los efectos jurídicos de este acto.

Otro ejemplo reciente, en septiembre de 2008, Rafael Correa decidió un fuerte acto soberano que pone en conflicto a Ecuador y Brasil. Expulsó de Ecuador a la empresa de construcción brasileña Odebrecht ­–que sistemáticamente se beneficia del apoyo del Estado brasileño–, por ineficacia y corrupción en el marco de construcción de una central hidroeléctrica (la central San Francisco). Suspendió también el pago a Brasil del crédito que contrató para financiar la presa.

Esperemos que Paraguay sepa mantenerse firme frente a Brasil y que actúe afirmando con fuerza su voluntad de garantizar la aplicación de sus derechos, entre ellos el de autodeterminación.

Para estos días de reflexión 🤓, te invitamos a mirar las novedades de nuestra Biblioteca abierta, sobre los desafíos de…

Posted by Itaipu ñane mba'e on Thursday, April 18, 2019