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Educación en Paraguay ¿El que quiere, puede?

(Por Andrea M. Wehrle Martinez para el Observatorio Educativo Ciudadano) La educación es un derecho que debe ser garantizado para todas las personas, sin distinción alguna. La educación de personas jóvenes y adultas, como política del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ha sido tema de análisis, sobre todo en el marco de ofrecer oportunidades educativas a las personas de 15 años y más que, por diversos motivos, no han logrado aprender a leer ni escribir.

Saber leer y escribir son competencias básicas que deben ser incorporadas una vez finalizado el primer ciclo de la Educación Escolar Básica, ya que se entiende que ello será puerta de entrada para la adquisición de posteriores habilidades dentro del proceso escolar.

[quote align=’left’]Toda la población tiene derecho al acceso, permanencia y culminación de una educación de calidad y sobre todo de una educación que haya sido oportuna dentro del desarrollo de cada individuo[/quote]La normativa educativa, ha estado bastante actualizada en nuestro país, es decir, contamos con elementos legales que aseguran el derecho a la educación y sobre todo que contemplan la educación de personas jóvenes y adultas.

En cuanto al nivel socioeconómico de las familias, en aquellos hogares que se encuentran en situación de extrema pobreza, un 15,1% de la población es analfabeta; mientras que para la población en pobreza no extrema, el porcentaje llega a 12,7%, cifras que superan doblemente al promedio país de 6,7% (EPH, 2019).

Lamentablemente, la evidencia disponible es robusta en determinar que el peso de los antecedentes socioeconómicos sigue siendo mayor al de la escuela. El paso por la escuela de niños, niñas y jóvenes, especialmente de aquellos más pobres y vulnerables, no logra constituirse en una experiencia formativa que les asegure una mejor calidad de vida, participación e inclusión igualitaria en la sociedad (Murillo y Román, 2011, citado por Zarza, Briet, Gaona y Barrios, 2013).

El área de residencia es también un factor que muestra las inequidades para la población analfabeta, donde se visualiza que existe mayor analfabetismo en zona rural, siendo la brecha de 7 puntos porcentuales en comparación con la zona urbana.

El analfabetismo en zonas rurales, quizás no solo tenga que ser observado desde una cuestión geográfica, sino que el idioma utilizado mayormente en el hogar, podría constituirse en un elemento clave. Los datos de la EPH (2019) indican que 12,9% de las personas que hablan guaraní la mayor parte del tiempo en sus casas son analfabetas; 2,8% para las personas que hablan castellano y guaraní la mayor parte del tiempo en sus casas; 9,7% para los que hablan otro idioma; y 1,4% para los que hablan castellano.

Por último, el 33,4% de la población indígena es analfabeta, siendo nuevamente mayor el porcentaje de analfabetismo en la mujer, 40,9%, frente al hombre, 25,7% (EPH, 2017). El trabajo de alfabetización con esta población requiere considerar diversidad lingüística, la interculturalidad y la importancia de su participación activa en los procesos que se lleven adelante.

Ahora bien, si invertimos la lógica de análisis, la pregunta ¿Sabe leer y escribir? se toma en cuenta para indicar que el 93,2% de la población de 15 años y más está alfabetizada (DGEEC, EPH, 2019). Sin embargo, es importante comprender que este indicador toma en cuenta la autopercepción de las personas y no mide específicamente las competencias de las mismas en cuanto a sus habilidades para la lectura y la escritura (Zarza et al., 2013).

Queda claro que lo que la gente «sabe» y lo «que hace con lo que sabe» es importante por sí mismo, pero además tiene un gran impacto en las oportunidades de las personas para su integración y participación en el mercado laboral, la educación, la capacitación, la vida social y cívica; todo ello contribuye a alcanzar otros objetivos colectivos vinculados con el desarrollo económico y social del país (Zarza et al., 2013).

En definitiva, el aumento del analfabetismo en Paraguay, desde el año 2015, es una situación que debe ser atendida, buscando estrategias acordes a una población que se encuentra en contextos de exclusión con problemáticas diversas a resolver, a la cual el Estado no ha podido atender de manera oportuna. Como ciudadanos debemos exigir nuestro derecho a aprender a leer y escribir, elementos que posibilitan una mejor inserción laboral y social.