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Avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos en Paraguay

(Por Camila Rodríguez) La CODEHUPY, Coordinadora Derechos Humanos Paraguay, presentó su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos  2018.

“A 29 años del cambio de régimen político, la democracia paraguaya tuvo avances y retrocesos en la institucionalidad democrática y en el establecimiento de reglas competitivas para el acceso al poder. El año 2018 muestra el proceso electoral, refleja la lucha asimétrica y la falta de propuestas de reformas de fondo. Los cambios políticos y económicos en el contexto regional indican un panorama complejo para las democracias latinoamericanas”.

En esta edición lanzada por CODEHUPY, se destaca la corrupción y su vinculación con la justicia, tanto en los derechos humanos como en la institucionalidad del país. Además, las causas principales del debilitamiento del régimen democrático y también el cuestionamiento generalizado que realiza la ciudadanía hacia una clase política que está en observación.

En los retrocesos se denota la precaria acción del INDI debido a la situación actual de olvido en el cual se encuentran los indigentes que residen en las afueras del instituto. Ante el aumento progresivo en los últimos cinco años de los casos de VIH en personas jóvenes, el tratamiento sigue dependiendo mayoritariamente de la cooperación internacional y la intervención de los funcionarios públicos sigue siendo discriminatoria.

Los feminicidios, discriminación y violencia hacia la mujer quedan impunes en su mayoría, el Estado se demuestra ausente. Además, las trabajadoras sexuales no son protegidas por las autoridades.

La inversión del Estado paraguayo en la inclusividad de los derechos es insuficiente, en referencia a la educación las personas con discapacidad entre 6 y 18 años de edad asisten a algún establecimiento escolar, a diferencia del 82% de niñas, niños y adolescentes sin discapacidad, independientemente al sexo.

La desigualdad es evidente ante la prohibición de la inclusión y distribución de materiales de género en el sistema educativo adoptada por el Ministerio de Educación y Ciencias en Paraguay. Un claro indicativo de retroceso que pone en tela de juicio algunos mecanismos institucionales vigentes que tendrían que estar destinados a llevar adelante la política de la igualdad de género.

La prohibición de la difusión y utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría o “ideología de género” en las instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), dispuesto por Resolución N.° 29.6647, representa un imponente retroceso del principio de igualdad y no discriminación por motivos de género.

En general, los abusos sexuales de niños, niñas, adolescentes y mujeres es un tema poco tratado en Paraguay, se realiza una investigación por año por parte de las autoridades, en su mayoría los datos son inconclusos, hay peritajes mal hechos y mucho tabú alrededor del tema, se fundamenta en la cultura y educación machista de que la víctima es la culpable.

En los avances podemos apreciar una activa participación indígena en la vida política del país, el Movimiento Político Indígena Plurinacional (MPIP) presentó candidaturas indígenas, ambas cámaras del Congreso, así como en las gobernaciones y concejalías departamentales.

Debido al trabajo y esfuerzo del sindicato domestico la normativa laboral fue modificada tras un intenso dialogo, la legislación fue modificada pero aún se sigue tratando la discriminación legal. La participación de las mujeres en la política este año fue el tema más protagónico ya que fue cuestionada y llevada al debate público y político en el marco de la necesidad de la ley de paridad democrática.

El surgimiento de distintas ONGs y movimientos estudiantiles como sociales a favor de una justicia honesta estuvieron arduamente activos este año denunciando todo tipo de corrupción, uno de los momentos más significativos fue la marcha dada el día de la asunción de Mario Abdo Benítez, en nombre de los derechos humanos y en contra de las sombras de la dictadura stronista.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un trato internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas elaborado como un compromiso de reconocer los derechos y libertades fundamentales de los cuales son afectados las niñas y los niños. En el ámbito político, la ciudadanía tomo represalias contra la lista de corruptos que se hizo conocida este año, se formó el Comité de Escrache Ciudadano, logrando tras una persecución la renuncia de varios políticos corruptos.

PUEBLOS INDIGENAS.

Se seguían negando a los pueblos indígenas sus derechos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que les afectaban. Al concluir el año seguía pendiente de aprobación un proyecto de ley para eliminar todas las formas de discriminación. Se recibieron informes de persecución a periodistas y a defensores y defensoras de los derechos humanos en un contexto de violaciones del derecho a la libertad de expresión y de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para reprimir manifestaciones.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

En marzo, los periodistas Menchi Barriocanal y Oscar Acosta dieron cobertura a un intento secreto de varios senadores de reformar la Constitución para permitir reelecciones presidenciales. El 31 de marzo y el 1 de abril estallaron protestas, y algunos manifestantes prendieron fuego a la sede del Congreso Nacional.

El presidente Cartes y representantes del partido gobernante acusaron públicamente a los dos periodistas de incitar a la violencia, y los amenazaron con detenerlos. Otros profesionales de medios de comunicación críticos con la reacción del gobierno a las protestas también denunciaron estar siendo objeto de acoso por parte de las autoridades.

El 1 de abril, el activista de la oposición Rodrigo Quintana murió a manos de la policía en el contexto de las protestas. Decenas de personas resultaron heridas, más de 200 fueron detenidas, y las organizaciones locales informaron sobre presuntas torturas y otros malos tratos cometidos por las fuerzas de seguridad.

En junio, en respuesta a las denuncias de que 23 periodistas habían sido atacados por la policía durante las protestas de marzo, la Policía Nacional adoptó un protocolo de seguridad para periodistas en peligro.

ESCRUTINIO.

En septiembre, el Comité de la ONU contra la Tortura formuló sus observaciones finales y recomendaciones sobre Paraguay; entre ellas se incluían que todas las personas privadas de libertad gozaran desde el principio de la detención de todas las salvaguardias legales, incluidos los derechos a un abogado de su elección, a un examen médico inmediato respetando su confidencialidad e intimidad, y a acceder a un profesional de la medicina independiente si así lo solicitaban.

El Comité también recomendó llevar a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y actos de tortura y otros malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las presentadas en el marco de las manifestaciones del 31 de marzo y el 1 de abril, así como garantizar el enjuiciamiento de los perpetradores y reparación adecuada para las víctimas.

Asimismo, el Comité recomendó que se llevara a cabo una investigación independiente, efectiva, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de uso desproporcionado de medios letales y de uso de la tortura y otros malos tratos durante el enfrentamiento que tuvo lugar en Curuguaty en 2012, así como sobre las presuntas violaciones del debido proceso cometidas durante los procedimientos judiciales contra 11 campesinos y campesinas en relación con el caso.

El 16 de agosto, el Congreso Nacional aprobó una ley para aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y garantizar la cooperación con ésta. El 23 de agosto, el ejecutivo remitió para ratificación ante el Congreso Nacional las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión y sobre el artículo 8 del Estatuto de Roma.

DERECHOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

Comenzaron las negociaciones entre el gobierno y representantes de los pueblos indígenas ayoreo totobiegosode que vivían en aislamiento voluntario, con miras a aplicar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a dichas comunidades de terceros que intentasen acceder a sus tierras ancestrales, y para alcanzar un acuerdo de solución amistosa en un caso pendiente ante la CIDH por la violación de los derechos de estos pueblos indígenas.

La comunidad yakye axa seguía sin poder acceder a sus tierras a pesar de que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al gobierno construir una vía de acceso. El caso relativo a la propiedad de tierras expropiadas a la comunidad sawhoyamaxa, en el que la Corte Interamericana había dictado una sentencia similar a favor de la comunidad, tampoco había sido resuelto por el gobierno.

DERECHO A LA VIVIENDA.

En septiembre, la Cámara de Diputados mantuvo el veto del ejecutivo a un proyecto de ley que expropiaría 900 hectáreas de tierra a sus ocupantes para devolvérselas a la comunidad campesina guahory, desalojada a la fuerza en 2016.

En octubre, varias organizaciones de derechos humanos informaron de que, un año después del desalojo forzoso de la comunidad avá guaraní de Sauce —relacionado con la represa hidroeléctrica de Itaipú— no se habían registrado avances en la restitución de sus tierras. La comunidad reaccionó retirándose del diálogo con las autoridades.

DERECHOS SEXUALES.

En julio, el presidente Cartes vetó el proyecto de ley núm. 5833/2017, cuyo propósito era establecer un registro civil de “defunciones de concebidos no nacidos”. En agosto, la Cámara de Diputados y el Senado rechazaron el veto y aprobaron el proyecto de ley, que fue promulgado por el presidente al finalizar el año. El proyecto de ley había sido denunciado por organizaciones de derechos humanos porque introducía una protección casi absoluta del feto, que podría primar sobre el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de las mujeres y las niñas.

En octubre, el Ministerio de Educación y Ciencias aprobó una resolución que prohibía en la educación pública el material pedagógico sobre la “teoría de género”, lo que en la práctica restringía los materiales relativos a la igualdad de género, los derechos reproductivos, la sexualidad y la no discriminación.

DERECHOS LGBTI.

La realidad de negación de derechos de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales se registró este año a través de distintos hechos: ordenanzas municipales discriminativas; censura de actividades públicas; prohibición en distintas cárceles del derecho de visitas íntimas a mujeres lesbianas; falta de esclarecimiento de crímenes de odio, violencia y discriminación de trans y discriminaciones laborales.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.

Paraguay camina en el sentido contrario a alcanzar el derecho a la alimentación de la población: con el aumento de personas subalimentadas (11% de la población) y con el aumento de la importación de alimentos y la reducción de la superficie destinada al cultivo de alimentos, realidades relacionadas al modelo económico agroexportador vigente, cuyos voceros aseguran que producen y exportan alimentos para 70 millones de personas del mundo.